Por Jacopo Gamba, Coordinador Regional para América Latina, Coordinador de alianzas, monitoreo, evaluación y aprendizajes, Water Integrity Network
Este año, en el marco del Premio Latinoamericano para el periodismo de investigación COLPIN 2014, una mención particular se llevó el artículo y el trabajo desarrollado por CIPER, y su periodista Alberto Arellano, sobre el negocio del agua en Chile.
Lejos de ser un tema desconocido a los chilenos y a los expertos de agua de toda la región, la escasez de este recurso fundamental está siendo objeto de un mercado cuyas dinámicas benefician a los más ricos. Mirado en sus detalles, el mercado del agua en tierra chilena no es, en teoría, desregulado: existen leyes vigentes y aplicadas.
El problema es que este marco normativo no tiene en cuenta comportamientos que, bien si estando dentro de la legalidad, entran en conflicto con los derechos humanos, como el derecho a acceder a agua. Siempre es complicado establecer y mantener un libre mercado cuando están en juego intereses colectivos, y obtener ganancias no puede priorizarse sobre el goce de los derechos básicos de las comunidades y de los individuos.
Chile y su Código de Aguas
Hemos entrevistado a Alberto, para conocer más del detallado trabajo que hacen en CIPER. Como nos ha comentado, el problema está bien documentado y ha sido resumido muy detalladamente en varios reportajes de CIPER. En Chile, el Código de Aguas de 1981 está todavía vigente, pese a varios intentos de modificación, el más reciente fue prometido por la propia Presidenta Bachelet en su nuevo mandato. Este código otorga, de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad sobre el agua a privados, dejando que sea el mercado quien regule recursos y tarifas. En la práctica, no hay en este Código normas que determinen una prelación entre los diversos usos que se le pueden dar al recurso hídrico; por ende el agua se vuelve un recurso económico en manos de privados.
Basándose, entre otros, sobre datos del Banco Mundial, CIPER ha estimado que en el país, solo entre 2005 y 2008, se realizaron casi 25 000 transacciones de compra y venta de derechos de agua entre entes privados por un valor anual cercano a los 1 200 millones USD. Mucha del agua acaparada durante la última década está siendo almacenada para poder ser vendida a un precio mayor cuando sequías y temperaturas afecten más los cultivos y el abastecimiento de agua potable para uso humano. El agua se ha convertido en objeto de especulación.
Es preciso recordar que Chile debe estar comprometido en respetar los estándares internacionales en materia del derecho humano al agua. Este derecho ha sido reconocido en diversos tratados y declaraciones internacionales. En los últimos dos decenios en particular, esta legislación se clarificó y se precisócon el objeto de aumentar su protección y alcance.
¿Despojar la privacidad del manejo de agua para el beneficio público?
No solamente empresas chilenas, sino también algunas extranjeras, se están apoderando de la gestión y almacenamiento de agua, para poderla luego vender sobre todo a mineras, en menoscabo del servicio de agua potable que tiene que abastecer poblaciones y cultivadores de zonas muy áridas.
Lamentablemente, los políticos y los gobernantes están lejos de encontrar una solución aceptable y duradera. Por un lado, algunas de estas normas están dictadas por la Constitución: cambiar la carta fundamental requiere mayoría parlamentarias muy elevadas y procesos muy largos, cuando precisamente lo que no se tiene es tiempo. Quitar los derechos adquiridos por privados sobre el manejo del agua almacenada es casi imposible legalmente, mientras que poner reglas más restrictivas sobre el agua aún disponible sería como quedarse con las migas de una torta ya enteramente repartida.
Actualmente, nos señala CIPER que más del 90% de los derechos de agua ya han sido otorgados a privados. Esta situación ha llevado muchas comunidades al borde del colapso. Varias organizaciones de la sociedad civil están levantando la voz, pero aún no hay una solución clara para este dilema.
Desde WIN venimos señalando estos riesgos desde algunos años. En nuestro report de 2009, señalábamos que “The elite who owns the water rights have effectively been able to deny the interest of the large group of poorer users”. Lamentamos ver que poco ha cambiado y que el bienestar de muchos está todavía en riesgo.
